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one. La Parte requerida podrá, después de haber resuelto sobre la solicitud de extradición, retrasar la entrega del individuo reclamado a fin de que pueda ser juzgado o, si ya ha sido condenado, para que pueda cumplir en su territorio una pena impuesta por un hecho diferente de aquel por el que se concedió la extradición.

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Uno u otro de estos documentos serán enviados a la Parte requirente y, si la entrega no ha podido realizarse, se harán constar las causas.

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A los fines de la aplicación de este Tratado, el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia no será considerado como delito político.

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three. Si weblink se concede la extradición, las Partes se pondrán de acuerdo para realizar la entrega del reclamado, que deberá llevarse a efecto dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que la Parte requirente haya recibido la comunicación a que se refiere el apartado 1.

Sin embargo, al cumplirse el thirty aniversario, la funcionara ahora apuesta a que se logre una sentencia.

La ausencia de un tratado de extradición entre España y otros países puede llevar a complicaciones significativas cuando surgen casos de delitos transnacionales. La persecución de fugitivos o la solicitud de retorno de individuos para enfrentar cargos penales se torna un proceso complejo y muchas veces inconcluso.

La extradición por delitos estrictamente militares queda excluida del campo de aplicación del presente Tratado.

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Si la solicitud es aceptada, se procede a la detención provisional de la persona buscada y se inicia un proceso judicial para determinar si se concede o no la extradición. Durante el proceso judicial, la persona buscada tiene derecho a un abogado y a navigate here presentar pruebas a su favor.

La extradición no será concedida por delitos considerados como políticos por la Parte requerida o conexos con delitos de esta naturaleza.

one. La Parte requerida cumplimentará las comisiones rogatorias relativas a un procedimiento penal que le sean dirigidas por las autoridades judiciales o por el Ministerio Público de la Parte requirente y que tengan por objeto actos de averiguación previa o instrucción o have a peek here actos de comunicación.

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